Mujica y Lacalle se enfrentarán en segunda vuelta

El pasado 25 de octubre se celebraron las elecciones en Uruguay. Aunque José Mujica, candidato por el Frente Amplio (FA), hubiese querido ganar en primera vuelta, los más de tres millones de votantes no llegaron a un consenso.

Así quedaron los resultados en la primera vuelta: el Frente Amplio (FA) con Mujica obtuvo más del 47 por ciento de los votos; el Partido Nacional liderado por Luis Alberto Lacalle, obtuvo casi el 29 por ciento y el Partido Colorado con Pedro Bordaberry, poco más del 16 por cierto.

A pesar de que el gobierno del actual presidente Tabaré Vásquez está culminando con un 61 por ciento de aprobación, Mujica, que representa al mismo partido, parece que no ha podido convencer a la mayoría absoluta como se esperaba, como sí se logró en el 2004 cuando el FA obtuvo el 50,4 por ciento y ganó en primera vuelta.

José Mujica

José ‘Pepe’ Mujica es senador nacional actualmente. En los años ’60 se integró al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN). Desde allí participó en operativos guerrilleros, al mismo tiempo que se dedicaba a su chacra. Mujica coparticipó en asaltos, secuestros y en la llamada Toma de Pando en 1969, entre otros operativos tupamaros. Ha sido arrestado alrededor de cuatro veces y pasó casi 15 años de su vida en la cárcel.

Cuando Uruguay retorna a la democracia, luego de unos años, Mujica crea junto con otros miembros de MLN y otros partidos de izquierda el Movimiento de Participación Popular (MPP) dentro del Frente Amplio. El 1 de marzo de 2005, el presidente de la República Tabaré Vázquez, lo designó como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca.

José Mujica se ha caracterizado y hecho conocido por sus frases subidas de tono y por su extrema sinceridad. Sinceridad que le ha causado ciertos problemas y por los cuales está intentando aprender a manejar el temperamento que tiene.

En el 2008 renunció a su cargo de ministro y prefirió continuar como senador nacional para poder ser candidato por el FA. Ahora se encuentra postulando a la presidencia de la República uruguaya con Danilo Astori como su vicepresidente y compañero de fórmula.

Luis Alberto Lacalle

Es político y periodista. Desde muy joven comenzó su carrera política, tenía 17 años cuando se insertó en las filas del Partido Nacional o Blanco, la principal fuerza de la oposición.

También desarrolló su profesión periodística. Trabajó escribiendo columnas de análisis político para el diario Clarín de Montevideo en 1961. En 1971 fue elegido diputado, pero en 1973 tuvo que renunciar pues el entonces Presidente Juan María Bordaberry disolvió el Parlamento y formó el Consejo de Seguridad Nacional, lo que dio paso al régimen militar. Durante esos doce años fue opositor al régimen dictatorial y sufrió persecución por sus actividades.

Igual que Mujica, con el restablecimiento de la democracia en 1984, Lacalle fue elegido senador y tres años más tarde fue nombrado vicepresidente del Senado. En julio de 1988, fue designado candidato presidencial del Partido Nacional y en las elecciones generales de1989 fue elegido Presidente de Uruguay con el 38% de los votos, frente al 34% de su opositor Jorge Batlle, del Partido Colorado. Fue la primera vez que el Partido Blanco accedía al poder en los últimos 23 años.

Plataformas políticas

Ambos candidatos provienen de partidos políticos bien estructurados pero tienen lineamientos claramente diferenciados, apuestan por distintas políticas y conciben a Uruguay de manera distinta.

Mujica, al lado de Danilo Astori, apuesta por una profundización de los programas sociales que han permitido a Tabaré disminuir la pobreza. Aspiran a crear 200.000 nuevos puestos de trabajo, fortalecer las cooperativas y PYMES y focalizar la inversión en infraestructura para apoyar el desarrollo productivo. Para el FA el rol del Estado es activo, es el estado de Bienestar.

Lacalle, en cambio, apuesta por un protagonismo menor del Estado, “concebimos un Estado fuerte y eficaz en aquellas funciones que le son propias y naturales, dejando a la iniciativa y libertad particular, ejercida dentro de la ley, la elección de las opciones de vida”, afirmó. Seguirá con las políticas sociales pero disminuyendo “gastos inútiles” según dijo.

Respecto a política exterior también hay diferencia. Lacalle propone mayor apertura comercial, que incluiría un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos mientras que Mujica cree fielmente en la integración regional. “No nos vemos como una casita linda en un mal vecindario: creemos en el potencial de la región”, dice su plataforma.

No se decidió en primera

Para Romeo Grompone, politólogo uruguayo y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el que las elecciones no se hayan decidido en primera vuelta se debe en gran parte a que Uruguay es uno de los pocos países de América Latina que cuenta con partidos políticos bien estructurados. Tanto “el Partido Nacional o Blanco, el Frente Amplio y el partido Colorado son agrupaciones estables”, afirmó.

Es así que el que Tabaré Vasquez culmine su mandato con más del 60 por ciento de aprobación es bastante meritorio y si bien no alcanza el 80 por ciento que tiene Lula, presidente de Brasil, por ejemplo, es comprensible teniendo en cuenta que en Brasil “no hay un sistema de partidos que canalice opiniones” comentó Grompone.

Otro motivo que puede explicar que no se haya obtenido la mayoría absoluta en la primera vuelta es que tanto el FA como el partido Blanco cometieron un error al escoger por un lado, a Mujica que como señala el politólogo, “para algunos sectores puede sonar muy radical o probablemente incompetente para el gobierno”. Y por el otro, el partido Blanco elige a “una persona de un perfil de extrema derecha o de derecha simplemente cuando en Uruguay el electorado es más de centro izquierda”.

El que tiene más probabilidades de ganar

A pesar de que el FA no consiguiera la mayoría absoluta para muchos es un hecho de que José Mujica será el próximo presidente de Uruguay porque, además de obtener casi el 50 por ciento, representa al partido del actual presidente que al mismo tiempo cuenta con gran aprobación por parte de la población uruguaya.

¿Por qué otras razones ganaría el FA? Grompone explica que Uruguay tiene una tradición política, es el único país de Amércia latina que ha tenido un Estado de Bienestar, un Estado que regula la vida social pero también contribuye e interviene en la economía apostando por políticas sociales de cobertura universalista.

Esto viene desde la época de José Batlle Ordóñez, presidente uruguayo en el siglo XIX que llevó a cabo reformas económicas y sociales que permitieron a Uruguay transformarse en uno de los países más estables política y económicamente de América Latina.

Toda esta historia, señala Grompone, ha quedado en la imaginación de los uruguayos, el que el Estado deba tener “un papel en la Economía y que las políticas sociales sean de cobertura general, en Salud y Educación”.

Al tener tan arraigada esta historia y al haber funcionado relativamente bien este tipo de políticas, reduciendo los índices de pobreza, mejorando la educación, resulta bastante difícil y casi imposible que el voto uruguayo que suele ser de centro izquierda o izquierda se decida por Luis Alberto Lacalle. Candidato que representa más a una extrema derecha con la cual los uruguayos no parecen simpatizar demasiado.

El primogénito del "Cachetón"

Por Víctor Núñez

Su nombre causa un escalofríos a más de dos generaciones. El Perú vivió la más cruenta de sus guerras internas durante la década de los ochenta y parte de los noventa, debido a AbiGuR (criptográfica manera de ser denominado por algunos especialistas) o Abimael Guzmán Reinoso, o camarada Gonzalo, o la Cuarta Espada para los conocedores de la materia. Pues bien, el genocida que causó la mayor cantidad de desastre, caos y desesperanza en las tres últimas décadas del Perú, acaba de publicar un libro, que desde el título, hasta la editorial que lo ha amparado, ha causado muchísima polémica. Y no ha pedido permiso para hacerlo.

"De puño y letra" fue expuesto a la luz pública el pasado 11 de septiembre. Un día antes de la famosa ‘Captura del Siglo’ en 1992. Según el abogado del camarada 'Gonzalo', Alfredo Crespo, este libro recoge documentos, autobiografía y defensa jurídica. "Allí están contenidos manuscritos del doctor Guzmán referidos a su estrategia de defensa legal, una defensa concebida políticamente", señala Crespo.

Pero una pregunta sale a flote. ¿Cómo es que un recluso de la magnitud de Abimael Guzmán puede publicar? ¿Acaso su condición de reo en la Base Naval no contiene restricciones?

Para el general en retiro, Jorge Cárdenas, la libertad de pensamiento no se le puede quitar a nadie. Sin embargo, debe de haber un control si es que lo que se llega a escribir contiene apología al terrorismo. No existe alguna disposición que prohíba a los terroristas escribir un libro, previa supervisión del mismo.

Del mismo modo, Wilfredo Pedraza, ex jefe del Instituto Nacional Penitenciario, afirma que no hay ninguna disposición que prohíba a los terroristas escribir un libro de cualquier naturaleza. Eso sí, se confiscará cualquier documento que contenga algún contenido terrorista. El artículo 316 del Código Penal señala a la apología del terrorismo como un delito con pena no menor de 6 años, ni mayor de 12. Luego de una revisión con peritos especializados, para el actual ministro de Justicia, Aurelio Pastor, en la publicación del máximo líder de Sendero Luminoso sí se hace apología al terrorismo.

¿Con la misma vara?

‘De puño y letra’ no es el primer libro que es publicado por un terrorista desde la prisión. Se tiene también a Víctor Polay, líder de MRTA, con ‘En el Banquillo. ¿Terrorista o rebelde?’ difundido hace dos años. Lo curioso de este libro es el prólogo que contiene un matiz aprista. Dos de los dirigentes más representativos del partido de la estrella colaboraron para el libro: Armando Villanueva y Javier Valle Riestra.

“No podemos volver al Perú un inmenso paredón. Prefiero la amnistía. Señores reaccionarios antihistóricos: podéis comenzar a insultarme”, finaliza Valle Riestra en su escrito.

¿Qué contiene ‘De puño y letra’?

Según el Comercio, ‘De puño y letra’ está referido mayormente al inicio de los procesos que afrontó Guzmán por terrorismo. Esto se encuentra contenido en el quinto capítulo titulado ‘De letra’ siendo el más extenso de todos. También señala que entre el 2005 y el 2007 fueron los años en los que ‘el Cachetón’ había elaborado el libro.

El ex Premier y líder del Partido Humanista, Yehude Simon, afirmó a Ideeleradio: “A mí no me preocupa que un preso puede publicar sus textos porque finalmente eso es bueno para saber cómo está pensando”. Simon destacó el ‘lado positivo’ que pueda existir (si es que lo hay): “El libro de Guzmán ha tenido la virtud de unir a todos los peruanos y de poner a todos en contra del terrorismo’, señaló.

Otros no tan optimistas como Ronald Gamarra, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, señala que si no hubiese sido por el actual Ministro de Justicia, quien le dio demasiada cabida, el libro hubiese pasado desapercibido.

“Hubiera sido objeto de lectura de muy pocos, pero como ahora se ha creado una idea, a más de uno le interesará leerlo (...) Yo creo que lo que el ciudadano debe tener en claro es que Sendero Luminoso no sólo inició la violencia a finales del siglo pasado sino que también fue el principal responsable de las graves afectaciones a los derechos fundamentales de las personas”, acotó.

Lo cierto es que es un tema en donde se pone sobre el tapete la libertad de expresión, una arista tan fundamental en un tipo de gobierno como el que actualmente goza el Perú, que es el democrático. ¿Hasta qué punto una persona responsable de 70 mil desaparecidos tiene el derecho de escribir lo que se le parezca o lo que se le venga en gana?

Como personas que somos, tenemos derecho a la libre expresión de ideas. Eso sí, sin exaltar algún hecho en particular que ha generado una guerra interna en una época tan turbulenta como la de los ochenta y parte de los noventa.

Ante opiniones divididas, el periodista César Hildenbrandt llegó a una conclusión más que atinada: “Yo sí creo en los derechos humanos y el señor Guzmán debe ser tratado desde la perspectiva de los derechos humanos y de los estándares internacionales de una carcelería (…) Así que el señor Guzmán debe ser tratado con los derechos que él nos negó durante su guerra, y que él nos hubiera negado si hubiese ganado”.

Medicina Nuclear: una alternativa poco conocida

En un mundo globalizado como el de hoy, todas las disciplinas científicas se han visto sujetas a diversos procesos de innovación; en ese sentido, la medicina no ha sido la excepción. Como toda ciencia, ha tomado prestadas de diversos campos –física, química, biología, etc.- herramientas que le han permitido evolucionar y llegar a conocer posibilidades jamás imaginas con anterioridad. Es así que surgió la llamada medicina nuclear, una rama de la medicina que utiliza radiofármacos –agentes radioactivos- para el tratamiento y diagnóstico de enfermedades en los seres humanos.

Por Alonso Pahuacho P.

Pero, ¿Qué son los radiofármacos? En términos sencillos, vendrían a ser medicamentos –orgánicos y radioactivos- que se suministran a cualquier paciente por diferentes vías (intravenosa, oral, etc.) y que contienen un radioisótopo en su constitución. Un radioisótopo es un isotopo radioactivo (isótopo: cada una de las especies de átomos de un elemento químico que poseen el mismo número atómico y distinto número másico). Esto se hace debido a que para poder investigar el funcionamiento de un órgano de cualquier paciente, es necesario que se emplee un elemento químico radioactivo que será susceptible a un seguimiento gracias al color que aparece en el monitor de seguimiento computarizado.

En medicina nuclear, esto permite a los doctores conocer cómo es que está funcionando un órgano y hace posible identificar las posibles anomalías y males que aquejen a cualquier paciente. En nuestro país, es empleado en la terapia del dolor (pacientes con dolores crónicos), diagnósticos de trastornos cardiacos y tratamientos contra el cáncer. Esto último se está constituyendo en una alternativa importante debido a que es posible identificar el cáncer en sus primeras etapas y así evitar futuras complicaciones.

Radiofármacos y Radioisótopos

En el Perú, el único centro que produce y genera agentes radioactivos a favor de la medicina es el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN). Dentro de las instalaciones de planta del Centro Nuclear Óscar Miró Quesada de la Guerra, Racso, ubicado en Huarangal (Comas), se promueve el desarrollo de estos componentes radioactivos que son empleados no solo para el uso de la salud; sino también, para la agricultura al obtener con la radiación variaciones mejoradas de las semillas.

Según estadísticas del IPEN, al año se atienden aproximadamente 60mil peruanos gracias al aporte de la medicina nuclear. La mayoría de ellos son tratados en terapias de cáncer o para aliviarles los dolores en casos de metástasis óseas (cáncer que del órgano se ha propagado al hueso) y que debido a los dolores no pueden tener una vida normal. Es decir, los fármacos también sirven como novedosos paliativos del dolor en casos de personas con enfermedades terminales. Solo ayudan a reducir el dolor, no lo curan. Las dosis pueden variar cada 4 a 6 meses y de acuerdo al agente radioactivo.

Según el ingeniero Santiago Regalado Campaña, director de servicios del IPEN, la amplia gama de productos radioactivos no solo se usa en el tratamiento de los pacientes, sino que además cuentan con un catálogo de productos y servicios en el cual las principales empresas químicas pueden adquirir los agentes radioactivos que necesiten. Es a través de este servicio que obtienen parte de su presupuesto. “Todos nuestros productos son certificados y calificados. Aquí vienen de los sectores industrial, médico, agropecuario. También de los laboratorios e investigaciones y para una serie de servicios especializados”, añade.

Entre los principales agentes que se producen en el IPEN están el Pertecnetato de sodio (99m Tc) –usado para obtención de imágenes del cerebro, tiroides, glándulas salivales- y el Ioduro de sodio (131 I) que sirve para las terapias de cáncer tirideo, adenoma tóxico, hipertiroides. También existen radioisótopos que se comercializan en el mercado como el Iodo 131 y el Samario 153, cada uno empleado para distintos tipos de diagnósticos o análisis sean sea el caso del paciente.

Proyectos a futuro

La innovación tecnológica parece nunca terminar. Por eso, en aspiración de estar siempre a la vanguardia de las últimas tecnologías en el campo nuclear, el IPEN anunció en Junio de este año la instalación de un ‘Ciclotrón’ para la producción de nuevos radioisótopos que servirán para el diagnóstico del cáncer y para el tratamiento de éste, incluso cuando se encuentre en una fase avanzada.

“El ‘ciclotrón’ es básicamente un acelerador de partículas, protones y deuterones -núcleos de hidrógeno pesado o átomos de deuterio-, con un neutrón y un protón., que con la aplicación de un campo de energía eléctrica oscilante y otra magnética, hace que se puedan acelerar los iones girando en órbitas de radio y energía crecientes”, afirma el ingeniero Carlos Sebastián, encargado de la Dirección de Investigación y Desarrollo de la IPEN. Mediante los radioisótopos producidos por esta máquina y al ser inyectados al cuerpo humano, se puede aprovechar esta energía por el Tomógrafo de emisión de positrones (PET) para la realización de diagnósticos clínicos.

Este tipo de tecnología sería la primera de su tipo en el Perú, pero no del continente. Ya en otros países como Brasil, Argentina y Chile se ha venido dando grandes pasos en materia de medicina nuclear realizando estudios con las tecnologías de fusión junto con las Tomografías Computarizadas (CT). Aquí, aunque a paso seguro, recién se empieza.

La tomografía por emisión de positrones (PET) es un proceso de diagnóstico mediante el cual es posible obtener imágenes tridimensionales de los órganos que se está investigando. Estas imágenes tienen la característica de que muestran información dinámica del funcionamiento de los órganos y es posible verificar los procesos bioquímicos que ocurren en cada uno de ellos.

Según Sebastián, el proceso de estudio de factibilidad –análisis de la inversión- en el que se encuentra el proyecto del ‘positrón’ no debe pasar del próximo año. En Julio llegó un experto del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) quien brindó asesoría para la elaboración del referido estudio y opinó favorablemente al respecto.

Ética y medicina nuclear

Si bien es cierto que la demanda de pacientes que se atienden con agentes radioactivos en el IPEN en el Perú no es para nada despreciable, aún existen muchos detractores a tal método de rehabilitación. Incluso muchas denuncias que las instalaciones del IPEN producen cierto tipo de radiación, y que está afecta a los pobladores que viven en los alrededores, especialmente en la planta RACSO donde se producen los radiofármacos.

Otro punto en cuestión es el debate sobre los posibles efectos secundarios que causan los agentes radioactivos en las personas. Por más que se diga que no, cualquier elemento radioactivo va a producir algún efecto en el cuerpo humano. La diferencia está en que los científicos del IPEN saben qué cantidad de dosis es benigna para los pacientes y también todos los posibles efectos secundarios de los componentes con los que trabajan.

Existe la psicosis de la televisión: creer que se trata de algo “radioactivo” y que al mínimo contacto uno se va a transformar en un mutante o algo parecido. Las personas que laboran en el IPEN, y que tienen convenio con el INEN para el tratamiento de pacientes con problemas de cáncer, son altamente calificados y los agentes radioactivos que emplean son certificados por OIEA. No hay de qué alarmarse.

Fuera queda el tema bélico y los agentes de armas biológicas. En un país como el nuestro es difícil pensar en un escenario así. La verdadera implicancia de la ética en la medicina nuclear está en que cada médico debe saber cómo influyen las sustancias radioactivas en el organismo de cada paciente y hacerle conocer sus posibles efectos secundarios. Es responsabilidad de cada individuo someterse al tratamiento o no. He ahí la gran decisión.

Cuba abriéndose al mundo a pasos sigilosos

Por: Ronald Cotaquispe

Cuba ha estado experimentando una serie de cambios desde estos últimos tres años, en especial en lo que respecta al acceso a la comunicación. El último retazo que hemos podido vislumbrar es Resolución N° 99/2009, que entre otras cosas ha aflojado un poco las estrictas prohibiciones de la Administración cubana, ofreciendo el acceso a Internet a los ciudadanos desde los cibercafés de la Empresa de Correos de Cuba.

Esto ha sido una consecuencia del cambio en la política de Washington con respecto al bloqueo de la isla, que recorta −mas no elimina− las sanciones y restricciones, permitiendo la instalación de centros de telecomunicaciones por cable de fibra óptica y satélite. ¿Es ésta una señal de que la rígida autocracia cubana está languideciendo?

Si damos un primer vistazo a los hechos pareciera que esta apertura no es atténtica, pues a los mandatarios insulares se les ocurrió la idea de mantener un control prohibitivo sobre los servidores, poniendo restricciones a ciertas páginas web, con el fin de evitar que los cubanos tengan acceso a espacios de información y opinión opuestas al régimen.

A esto también se suma el hecho de que el costo del Internet en la isla es de 150 dólares mensuales. Una cifra inconmensurable si consideramos que en ese mismo periodo de tiempo el cubano promedio percibe sólo 20 dólares.

Pero no emitamos un juicio aún hasta ver las cosas más a fondo. Aunque parezca que nos encontramos a años luz de ver a una Cuba con más voces que la estatal, el solo hecho de que sus habitantes tengan la posibilidad de sentarse frente un monitor y por lo menos puedan revisar su correo electrónico, ya es un avance bastante significativo en cuanto a pluralidad informativa.

La inserción de Cuba a la autopista de la información comenzó en 1992, cuando la administración de Geroge Bush padre promulgó la llamada Ley Torricelli, que autorizó la conexión de redes en Cuba pero con la condición de que las empresas proveedoras de este servicio debían ser norteamericanas o sus subsidiarias, y que cualquier contrato debía contar con la aprobación del Departamento del Tesoro, la entidad estadounidense encargada de administrar la economía de ese país.

Pero pese a lo aislante que lucía este panorama, el verdadero claustro informativo para los cubanos vino por parte de sus propios mandatarios. En una entrevista, Boris Moreno Cordovés, viceministro cubano de la Informática y las Comunicaciones (la entidad que regula el suministro del Internet en la isla), admitió que aquella vez su Gobierno “identificó al sector de las comunicaciones como uno de los destinados a fomentar la subversión contra la Revolución”.

Sin embargo, cuando Boris Moreno hace referencia al pensamiento actual que maneja la Administración cubana, señala: “Estamos persuadidos de que Internet es indispensable para el desarrollo del país. Por eso pensamos que la política más responsable es privilegiar los accesos colectivos, que es la línea que ha seguido Cuba y pensamos seguir estimulando”.

Indudablemente estamos ante un cambio en el pensamiento de las más altas esferas del poder en Cuba. ¿Pero qué ha propiciado esta reconfiguración de mentes?

La compañía encargada de impartir el servicio de las redes de telecomunicaciones es la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), que se constituyó en 1994, pero que recién en octubre de 2006 logró una mayor amplitud en sus servicios gracias al convenio que estableció con Telecom Italia, que adquirió un 27% de las acciones con un capital de 400 millones de dólares.

¿Por qué recién en esa fecha? Recordemos que la renuncia provisional de Fidel Castro al poder fue el 31 de julio de 2006, tres meses antes de la llegada de Telecom Italia. Desde entonce Cuba ha mejorado su infraestructura en telecomunicaciones, aumentado su ancho de banda en la transmisión de salida un 63 por ciento, y en la entrada un 40 por ciento. Pareciera que el alejamiento de Castro del poder le está haciendo bien a Cuba, al menos en los que respecta a acceso a medios de información.

¿No hay 130 malo?

Por Fátima Flores

Desde el 2011 regirá ley 29492 que indica serán 130 y no 120 los congresistas de la República

La desaprobación del parlamento peruano supera el 60% de disconformidad de los ciudadanos. Esto, debido a los inacabables escándalos y casos de corrupción en los que se ven envueltos nuestros conocidos parlamentarios.

Pese a la controversia que trajo consigo la ley 29492 fue modificada para que el Congreso de la República aumente su número de 120 a 130 congresista. Gran parte de los peruanos está disconforme con esta decisión y piensa que será más de lo mismo. Pero démosle una vuelta a este alborotado tema, que trae loco a más de uno.

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La discusión y defensa principal en este tema ha sido la representatividad de todos los peruanos. El Perú parece ser el único país en donde el número de ciudadanos que representan los congresistas es tan elevado.

Ante todo esto, Mariana Olcese, señala en la página web Perúpolitico, que los peruanos nos encontramos subrepresentados en comparación con otros países. Nuestro Congreso está conformado por 120 miembros, que representan a 27 millones de peruanos, cuando un Parlamento de estas características pueden encontrarse por ejemplo en Israel, que cuenta con solo 4 o 5 millones de habitantes aproximadamente.

Sin embargo, qué hacer en un país en donde el nivel de aprobación del titular del parlamento, Luis Alva Castro, llega a un nivel de desaprobación del 58% -según un sondeo realizado por la Universidad Católica- y donde uno de cada cinco congresistas, ha protagonizado algún escándalo, tal y como lo publicara el diario El Comercio semanas atrás.

Según opinó el ex oficial mayor del Congreso José Elice, en una entrevista para el diario el Comercio, el problema de representación no se evalúa por la cantidad, sino por la calidad de los parlamentarios. Explicó que el ratio internacional suele ser de un legislador por cada 60 mil habitantes, mientras que en el Perú es cada 235 mil. El aumento de 10 escaños no hace la diferencia.

Ante todos estos cuestionamientos, saltó a la discusión el tema de la bicameralidad, con la cual se regresaría a los dos senados. Las propuestas nacieron de la bancada aprista, sin embargo con dos posturas diferente. La primera, la de Arturo Alegría (APRA), que propone sean 150 diputados y 50 senadores vitalicios, mientras que el congresista Aurelio Pastor (APRA) señala que deberían ser 130 diputados y 50 senadores no vitalicios.

Los principales detractores de este cambio señalan que este implica un gasto muy grande e injustificado para el estado y que lo que generará será mayor lentitud en los procesos. Sus defensores en cambio, indican que esto implicaría mayor reflexión al momento de tomar decisiones tan importante, que ahora, por el número de representantes se toman mucha veces de manera muy superficial. Asimismo, aseguran, que esto permitirá que los representantes de provincia no se distraigan con temas de índole nacional y vean los temas por lo que fueron electos.

Sin embargo, esta propuesta, discutida también en el congreso, fue desestimada con 61votos a favor, 34 en contra y una abstención, con lo cual se anuló la posibilidad de volver al antiguo parlamento anulado con el golpe de estado de 1992.

Sobre esto, lo que ahora resta es esperar a ver si el tema será sometido a referéndum para su aprobación, tal y como lo indica la Carta Magna en el artículo 206. Por lo pronto, el número de curules para el congreso ya fue modificado y esta ley entrará en vigencia para el 2011. La ley fue aceptada con 100 votos a favor y ninguno en contra.

Mientras tanto, algunos siguen en pie de lucha y esperan que haya un plan de renovación parlamentaria a la mitad del período, en donde cada dos años y medio se pueda renovar la confianza en los congresistas elegidos, o sacarlos por incumplimiento de sus funciones. El ministro de Justicia, Aurelio Pastor, expuso en dos ocasiones este proyecto del Ejecutivo ante la Comisión de Constitución, obteniendo el rechazo de todas las bancadas, excepto el Apra

Muchos continuarán especulando la utilidad de este cambio, algunos con tristeza porque aseguran no será más de lo mismo; y otros, no tantos, esperando que sea verdaderamente un aporte para el orden y la credibilidad de nuestros “otorongos”.

Por un mejor y más lucrativo teatro peruano

Por: Ronald Cotaquispe

Conversando con una amiga que trabajó como anfitriona en ‘La pulga en la oreja’, se me ocurrió de pronto preguntar qué tal les había ido con la obra, a lo que ella me respondió “excelente, un verdadero éxito”. Pero no satisfecho con la respuesta, decidí ser más inquisitivo y preguntar esta vez por los niveles de asistencia, a lo que contestó diciendo “muchos”. Y cuando exigí un dato más exacto o un mínimo criterio para haber llegado a esa conclusión, sólo se remitió a decirme “porque sí”.

Esta simple anécdota, aunque pueda parecer insignificante a primera vista, puede ser más ilustrativa de lo que pensamos, sobre lo equivocado que podemos estar al imaginar que efectivamente hay un “boom” de las obras de teatro sin tener una cuenta real de los espectáculos realizados y su recaudación. Para entender esto debemos revisar dos conceptos: eficiencia y eficacia.

Estos dos conceptos elaborados por Peter Ferdinand Drucker tienen que ver con la gestión de organizaciones, específicamente con el cumplimiento de las metas elegidas y la productividad (mayor producción con menos insumos). Para el caso de los espectáculos, la eficiencia y la eficacia podría remitirse a dos cosas: la asistencia del público y la recaudación generada.

Es cierto que la cantidad de obras de teatro en el Perú, y sobre todo en Lima, ha aumentado significativamente, pero asumir por ello que estas tienen los niveles de asistencia y recaudación deseados, sin haber realizado el más mínimo cálculo de la venta de entradas, sería un error. Eso sería como suponer que la educación superior ha mejorado sólo porque la cantidad de universidades e institutos ha ido aumentando, cuando en realidad no es así.

El Instituto Nacional de Cultura (INC) no tiene ni una cifra aproximada. La oficina de Difusión y Promoción de dicha entidad apenas tiene una relación de los espectáculos que se realizan en el local del Museo de la Nación, y nada sobre la recaudación obtenida. Lo mismo sucede con el Ministerio de Educación, en la Dirección de Promoción Escolar, Cultura y Deporte (DIPECUD), cuya directora, la señora Carolina Varón, aseguró que tal información no existe.

Los datos referenciales no aportan más de lo que se podría obtener chequeando las agendas culturales de El Comercio o el catálogo de Teleticket. A esta incertidumbre también se suman algunas opiniones adversas de especialistas del medio, como el actor Carlos Gassols, quien en la entrevista que le hizo elcomercio.com.pe después de ser homenajeado en el último Festival de Cine de Lima, afirmó que en el teatro peruano “la oferta es superior a la demanda”.

Tener mayor información sobre la venta de entradas es de suma importancia, teniendo en cuenta que existen entidades como la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático o la Universidad Católica, que otorgan títulos de educación superior en dicha materia. Esto podría ayudar a generar una mejor plana docente y hasta darle mayor valor económico a la profesión.

El Segundo Estudio de Seguimiento de Egresados PUCP, elaborado por la Dirección Académica de Planeamiento y Evaluación (DAPE), revela que más de la mitad de alumnos de la especialidad de Artes Escénicas percibe menos de 500 dólares mensuales por su trabajo, mientras que casi el 70 por ciento desempeña trabajos ajenos al teatro.

El INC y el Ministerio de Trabajo deberían preocuparse por hacer estudios estadísticos del teatro peruano y ver si efectivamente el aparente “boom” es una realidad o sólo una suposición aceptada por la mayoría. Esta labor sería muchos más provechosa que malgastar tiempo y recursos realizando obras de mediana envergadura.

Mesa para tres

Por Alonso Pahuacho

Los problemas surgidos en torno a la salida soberana al mar de Bolivia han pasado de ser de simples negociaciones y propuestas, a convertirse en airados dimes y diretes entre mandatarios y cancilleres de los tres países implicados en vistas a cualquier futuro acuerdo. Tanto en Perú como en Bolivia, se han ido destruyendo los puentes que nos conectaban y que por motivos históricos, económicos y culturales siempre mantuvimos firmes y solidarios. Mientras Chile especula con la propuesta boliviana y desmiente las acusaciones provenientes del mismo Alan García, no parece que pueda encontrarse solución al clima de tensión en el corto plazo, al menos hasta que el fallo del Tribunal de la Haya sea conocido, no antes del 2012.

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Muchos criticaron al presidente Alan García cuando opinó que el tema del conflicto entre Perú, Bolivia y Chile también debería tratarse en la cumbre de UNASUR, celebrada el 29 de agosto último. Se dijo que García buscaba distraer la atención del tema principal de la agenda de la cumbre, el cual era la presencia de tropas norteamericanas en las bases militares colombianas, el que al final tomó preponderancia en Bariloche. Inclusive en una escala técnica rumbo a Argentina, el presidente de Ecuador Rafael Correo no descartó la posibilidad de convocar a una nueva cumbre para tratar ese tema, algo que luego fue descartado por voceros del Gobierno boliviano y por el canciller chileno Mariano Fernández.

No obstante, la cumbre pasó y si bien los ánimos se han tranquilizado un poco, el problema de trasfondo sigue allí: ¿Bolivia tendrá salida soberana al mar?, ¿será por territorio peruano, lo cual implicaría una consulta a nuestro país?, ¿existe la hipótesis de crear una especie de enclave en Antofagasta?, ¿cuál es la propuesta real chilena? Lo que si resulta claro e inobjetable es que mucho de lo que se decida en el futuro, dependerá de la decisión final de Tribunal de Justicia de la Corte de La Haya en lo que respecta al diferendo marítimo entre peruanos y chilenos, ¿porqué? Porque Evo Morales insiste en que la demanda del Perú perjudicaría a Bolivia.

“Bolivia no tiene acceso al mar, osea ¿Cómo va a estar afectado? Yo estoy de acuerdo en que un país como Bolivia debería de alguna manera tener acceso al mar, ya que alguna vez lo tuvo históricamente, pero en los acuerdos internacionales que el mismo Bolivia ha firmado renuncia al mar”, opina Óscar Vidarte, docente de la PUCP y experto en relaciones internacionales. Para Vidarte, cualquier decisión para que Bolivia salga al mar, dependerá de lo que Perú y Chile decidan, y eso se verá luego de la decisión de La Haya.

RELACIONES DEL PASADO

Sin embargo, pareciera ser que este clima de permanente tensión entre países “hermanos” es una situación reciente, circunstancial. Si uno se remonta cinco, hasta diez años atrás, si bien existían los conflictos, estos no se percibían de la misma forma como hoy, con declaraciones subidas de tono entre presidentes, llamadas a las cancillerías para las rectificaciones, etc. Para Farid Kahhat, internacionalista y docente de la PUCP la situación la resumió Alan García con una de sus intervenciones en UNASUR: “había habido más conflictos interestatales, no necesariamente conflictos armados, pero más conflictos de intereses en los últimos 5 años que en los años previos a la creación de UNASUR y la respuesta del presidente ecuatoriano fue que antes habían conflictos pero no había foros en los cuales discutirlos públicamente”.

Según el internacionalista, los problemas tienen que ver con que “también hay una transformación que tiene que ver con el cambio de alineamiento de algunos países de la región, fundamentalmente Venezuela que está en una ruta de colisión con la política norteamericana y Colombia que es principal aliado de EEUU en Sudamérica, de hecho el único aliado firme que tiene EEUU en Sudamérica”.

En este contexto basta imaginarse que sí hubo guerras como las que enfrentaron a nuestro país con Ecuador en la denominada Guerra del Cenepa en el año 1995 y otro tipo de tensiones; pero, como contextualizó Kahhat, no se discutían públicamente. No obstante, en años anteriores también hubieron inconvenientes, solo que no tanto con Bolivia sino con Chile, ahí las cosas no eran tan álgidas. “Esto que vemos entre Perú, Bolivia y Chile es parte de un dialogo entre 3 países que siempre ha sido muy parecido y al igual que hace 4 o 5 años cuando estábamos con Toledo. Cuando Toledo tenía problemas con Chile, buscó la alianza con Bolivia mediante la exportación del gas por el Perú y hubieron una serie de acuerdos entre ellos y que propusieron la declaración de un mercado común y todo para enfrentarse a Chile”, añade Vidarte.

EL PROBLEMA REAL

La cuestión gira en torno a sobre cuán realistas son las posibilidades de una salida soberana al mar de Bolivia. En declaraciones recientes, Evo Morales “presionó” nuevamente a La Moneda afirmando que espera una respuesta de la presidenta Bachellet luego de su breve reunión en UNASUR. Esto parece muy difícil de vaticinar, aún más cuando está sobre la mesa la demanda pendiente del Perú en La Haya. Lo interesante sería plantearse la pregunta ¿qué intereses podría tener el vecino país del sur en Bolivia para hacer ese canje?

“No creo que Chile pueda encontrar intereses muy importantes en Bolivia como para canjear o negociar una salida soberana al mar. Yo creo que si le ofrece algo, va a ofrecerle algo como lo que le dio Fujimori al gobierno boliviano de un salida bastante conveniente como sucedió en Ilo”, sostiene Vidarte. Para el analista, si bien ese acuerdo existe con el Perú, “podrían ampliarse las facultades de Bolivia en Chile, pero una salida soberana, eso es improbable”.

Pase lo que pase, pareciera ser que la solución está aún muy lejos de salir a flote. Con las constantes fricciones –cada vez que Morales o los cancilleres abren la boca- el clima de tensión se acentúa como un halo que se resiste a dejarnos libres. La política exterior peruana cae en el descrédito no solamente por su pasividad de los últimos años (la foto oficial de la UNASUR lo dijo todo: no estaba García), sino por este tipo de altercados que no hacen otra cosa más que hundirnos ante los ojos de nuestros vecinos. Solo queda esperar con calma y analizar a profundidad nuestras relaciones más cercanas, especialmente con los países que tenemos al lado, ya que justamente son esas relaciones las que están para quedarse y perdurar en el tiempo, queramos o no.

¿Difamación o libertad de opinión?

Por: Claudia Fernández

El siguiente titular apareció en un diario local la semana que pasó: “Sentencian a ciudadano que criticó construcción en playas de Barranco”. La Segunda Sala Penal de Lima, a cargo de una jueza llamada Zoila Pacora Portella, había condenado al presidente de la Asociación de Juntas de Vecinos de Barranco a un año de pena privativa de la libertad suspendida condicionada y al pago de una reparación civil de diez mil soles. El delito: difamación agravada.

El vecino de Barranco Javier Alvarado Layme había sido demandado en el 2006 por la Administradora de Franquicias Perú, propietaria del conocido restaurante Rústica, por las declaraciones que dio al diario Perú.21 en julio de ese mismo año. Se manifestó en contra de la concesión de terrenos en las playas de Barranco y citó el informe de la Comisión de Pueblos Andinoamazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de abril del 2006. Este grupo también se pronunciaba en contra de dicha concesión.

“Soy demandante en otras dos acciones de amparo contra dos construcciones en espacios públicos en la Costa Verde. Con esta sentencia se estaría limitando mi accionar”, señaló Alvarado. La pregunta que surge de inmediato: ¿es difamar lo mismo que opinar?

Nuestro sistema jurídico ha encargado a los jueces la función de “decir el derecho”; es decir, basándose en las leyes y en el ordenamiento jurídico, estos deberán pronunciarse sobre un caso específico. Sin embargo, el magistrado debe dejarse guiar de las pruebas e indicios, los mismos que le permitirán formarse un juicio y tomar una decisión en un caso concreto.

Pero en esta oportunidad aparece lo que se conoce como “conflicto de derechos” y, entonces, el juez deberá decidir si se han vulnerado ciertos derechos: en este caso, la libertad de expresión y de opinión, por un lado; y el derecho al honor y a la buena reputación, por el otro.

“La libertad de expresión se refiere al derecho de expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas, opiniones mediante cualquier medio de reproducción. La libertad de opinión es el derecho a tener ideas que pueden ser diferentes e, incluso, contradictorias a las de los demás, y el derecho a comunicarlas, a divulgarlas”, explica la abogada y profesora de la PUCP Roxana Ramírez.

Y aunque en doctrina se discute si las personas jurídicas tienen honor, la legislación peruana ha considerado que la excepción está en los delitos de difamación e injuria: en estos casos el sujeto pasivo (agraviado) puede ser una persona jurídica.

Así, el Código Penal indica, en su artículo 132º, que “el que ante varias personas, reunidas o separadas (…) atribuye a una persona un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor o reputación, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a ciento veinte días-multa”. Además, “si el delito se comete por medio del libro, la prensa u otro medio de comunicación social, la pena será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y de ciento veinte a trescientos sesenticinco días-multa”: es decir, la difamación sería agravada.

Sin embargo, existen algunas excepciones a la configuración del delito de difamación. Así, no hay responsabilidad penal: a) cuando la información es veraz (exceptio veritatis), para los 4 casos expresamente previstos en el artículo 134º del Código Penal; y b) cuando se trata de un caso de defensa, críticas literarias, artísticas o científicas, u opiniones, según el artículo 133º del C.P.

En el primer caso, la “exceptio veritatis” o “prueba de la verdad” consiste en que el sujeto prueba que lo que ha dicho es cierto. Si se logra esto, al sujeto no se le imputa el delito.

El vecino de Barranco se encontraría en el segundo caso. ¿Habría, entonces, delito de difamación al expresar el señor Alvarado su opinión y al sustentar su desacuerdo y molestia en un informe de una comisión del Congreso?, ¿se ha creado con este fallo un precedente para que en el futuro un vecino, un ciudadano de a pie, se vea privado de expresar su opinión, quejarse o pedir explicaciones por hechos que –cree- son perjudiciales para su distrito?

No hay que olvidar que todas las resoluciones judiciales sientan precedentes; es decir, otro juez puede basar su decisión en los fundamentos que la jueza Zoila Pacora Portella ha usado en el caso del vecino barranquino.