Por: Ronald Cotaquispe
Cuba ha estado experimentando una serie de cambios desde estos últimos tres años, en especial en lo que respecta al acceso a la comunicación. El último retazo que hemos podido vislumbrar es Resolución N° 99/2009, que entre otras cosas ha aflojado un poco las estrictas prohibiciones de la Administración cubana, ofreciendo el acceso a Internet a los ciudadanos desde los cibercafés de la Empresa de Correos de Cuba.
Esto ha sido una consecuencia del cambio en la política de Washington con respecto al bloqueo de la isla, que recorta −mas no elimina− las sanciones y restricciones, permitiendo la instalación de centros de telecomunicaciones por cable de fibra óptica y satélite. ¿Es ésta una señal de que la rígida autocracia cubana está languideciendo?
Si damos un primer vistazo a los hechos pareciera que esta apertura no es atténtica, pues a los mandatarios insulares se les ocurrió la idea de mantener un control prohibitivo sobre los servidores, poniendo restricciones a ciertas páginas web, con el fin de evitar que los cubanos tengan acceso a espacios de información y opinión opuestas al régimen.
A esto también se suma el hecho de que el costo del Internet en la isla es de 150 dólares mensuales. Una cifra inconmensurable si consideramos que en ese mismo periodo de tiempo el cubano promedio percibe sólo 20 dólares.
Pero no emitamos un juicio aún hasta ver las cosas más a fondo. Aunque parezca que nos encontramos a años luz de ver a una Cuba con más voces que la estatal, el solo hecho de que sus habitantes tengan la posibilidad de sentarse frente un monitor y por lo menos puedan revisar su correo electrónico, ya es un avance bastante significativo en cuanto a pluralidad informativa.
La inserción de Cuba a la autopista de la información comenzó en 1992, cuando la administración de Geroge Bush padre promulgó la llamada Ley Torricelli, que autorizó la conexión de redes en Cuba pero con la condición de que las empresas proveedoras de este servicio debían ser norteamericanas o sus subsidiarias, y que cualquier contrato debía contar con la aprobación del Departamento del Tesoro, la entidad estadounidense encargada de administrar la economía de ese país.
Pero pese a lo aislante que lucía este panorama, el verdadero claustro informativo para los cubanos vino por parte de sus propios mandatarios. En una entrevista, Boris Moreno Cordovés, viceministro cubano de la Informática y las Comunicaciones (la entidad que regula el suministro del Internet en la isla), admitió que aquella vez su Gobierno “identificó al sector de las comunicaciones como uno de los destinados a fomentar la subversión contra la Revolución”.
Sin embargo, cuando Boris Moreno hace referencia al pensamiento actual que maneja la Administración cubana, señala: “Estamos persuadidos de que Internet es indispensable para el desarrollo del país. Por eso pensamos que la política más responsable es privilegiar los accesos colectivos, que es la línea que ha seguido Cuba y pensamos seguir estimulando”.
Indudablemente estamos ante un cambio en el pensamiento de las más altas esferas del poder en Cuba. ¿Pero qué ha propiciado esta reconfiguración de mentes?
La compañía encargada de impartir el servicio de las redes de telecomunicaciones es la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), que se constituyó en 1994, pero que recién en octubre de 2006 logró una mayor amplitud en sus servicios gracias al convenio que estableció con Telecom Italia, que adquirió un 27% de las acciones con un capital de 400 millones de dólares.
¿Por qué recién en esa fecha? Recordemos que la renuncia provisional de Fidel Castro al poder fue el 31 de julio de 2006, tres meses antes de la llegada de Telecom Italia. Desde entonce Cuba ha mejorado su infraestructura en telecomunicaciones, aumentado su ancho de banda en la transmisión de salida un 63 por ciento, y en la entrada un 40 por ciento. Pareciera que el alejamiento de Castro del poder le está haciendo bien a Cuba, al menos en los que respecta a acceso a medios de información.
Cuba ha estado experimentando una serie de cambios desde estos últimos tres años, en especial en lo que respecta al acceso a la comunicación. El último retazo que hemos podido vislumbrar es Resolución N° 99/2009, que entre otras cosas ha aflojado un poco las estrictas prohibiciones de la Administración cubana, ofreciendo el acceso a Internet a los ciudadanos desde los cibercafés de la Empresa de Correos de Cuba.
Esto ha sido una consecuencia del cambio en la política de Washington con respecto al bloqueo de la isla, que recorta −mas no elimina− las sanciones y restricciones, permitiendo la instalación de centros de telecomunicaciones por cable de fibra óptica y satélite. ¿Es ésta una señal de que la rígida autocracia cubana está languideciendo?
Si damos un primer vistazo a los hechos pareciera que esta apertura no es atténtica, pues a los mandatarios insulares se les ocurrió la idea de mantener un control prohibitivo sobre los servidores, poniendo restricciones a ciertas páginas web, con el fin de evitar que los cubanos tengan acceso a espacios de información y opinión opuestas al régimen.
A esto también se suma el hecho de que el costo del Internet en la isla es de 150 dólares mensuales. Una cifra inconmensurable si consideramos que en ese mismo periodo de tiempo el cubano promedio percibe sólo 20 dólares.
Pero no emitamos un juicio aún hasta ver las cosas más a fondo. Aunque parezca que nos encontramos a años luz de ver a una Cuba con más voces que la estatal, el solo hecho de que sus habitantes tengan la posibilidad de sentarse frente un monitor y por lo menos puedan revisar su correo electrónico, ya es un avance bastante significativo en cuanto a pluralidad informativa.
La inserción de Cuba a la autopista de la información comenzó en 1992, cuando la administración de Geroge Bush padre promulgó la llamada Ley Torricelli, que autorizó la conexión de redes en Cuba pero con la condición de que las empresas proveedoras de este servicio debían ser norteamericanas o sus subsidiarias, y que cualquier contrato debía contar con la aprobación del Departamento del Tesoro, la entidad estadounidense encargada de administrar la economía de ese país.
Pero pese a lo aislante que lucía este panorama, el verdadero claustro informativo para los cubanos vino por parte de sus propios mandatarios. En una entrevista, Boris Moreno Cordovés, viceministro cubano de la Informática y las Comunicaciones (la entidad que regula el suministro del Internet en la isla), admitió que aquella vez su Gobierno “identificó al sector de las comunicaciones como uno de los destinados a fomentar la subversión contra la Revolución”.
Sin embargo, cuando Boris Moreno hace referencia al pensamiento actual que maneja la Administración cubana, señala: “Estamos persuadidos de que Internet es indispensable para el desarrollo del país. Por eso pensamos que la política más responsable es privilegiar los accesos colectivos, que es la línea que ha seguido Cuba y pensamos seguir estimulando”.
Indudablemente estamos ante un cambio en el pensamiento de las más altas esferas del poder en Cuba. ¿Pero qué ha propiciado esta reconfiguración de mentes?
La compañía encargada de impartir el servicio de las redes de telecomunicaciones es la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), que se constituyó en 1994, pero que recién en octubre de 2006 logró una mayor amplitud en sus servicios gracias al convenio que estableció con Telecom Italia, que adquirió un 27% de las acciones con un capital de 400 millones de dólares.
¿Por qué recién en esa fecha? Recordemos que la renuncia provisional de Fidel Castro al poder fue el 31 de julio de 2006, tres meses antes de la llegada de Telecom Italia. Desde entonce Cuba ha mejorado su infraestructura en telecomunicaciones, aumentado su ancho de banda en la transmisión de salida un 63 por ciento, y en la entrada un 40 por ciento. Pareciera que el alejamiento de Castro del poder le está haciendo bien a Cuba, al menos en los que respecta a acceso a medios de información.
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