Voces a favor y en contra de la despenalización del aborto
El pasado 6 de octubre la Comisión Revisora del código Penal aprobó despenalizar el aborto en tres casos específicos: por violación sexual, en caso de inseminación artificial no consentida y de malformaciones fetales que hagan imposible la vida fuera del útero. Esta Iniciativa desató polémica entre los grupos de poder durante las últimas semanas, todos alarmados porque se piensa que con ello el índice de abortos podría aumentar.
No es un secreto que la salud pública en nuestro país está más que descuidada, no solo por la calidad del servicio que puedes recibir en un hospital del Estado sino por la poca información a la que se tiene acceso sobre varios temas. Un ejemplo de ello es la Planificación Familiar. Si bien es cierto, ha habido intentos de campañas sobre el uso de métodos anticonceptivos, incluso se instauró el día de la Planificación familiar (3 de agosto), pero parece que estas no han podido conseguir los resultados esperados ya que el índice de embarazos no deseados y de abortos en el Perú es altísimo.
No es lejano en absoluto, sobre todo para los jóvenes, conocer a alguna persona que se haya practicado un aborto. Por irresponsabilidad, porque no se cuidaron o porque utilizaron un método anticonceptivo que no les funcionó o no sabían o no tenían la información necesaria sobre ello.
Existen miles de mujeres que no desean tener a sus bebés y optan por la interrupción de su embarazo. Y a pesar de ser una acción reprochada socialmente y penada por la ley, el índice de abortos clandestinos sigue aumentando. Patricia Zenabria, integrante del grupo legal de la asociación Manuela Ramos reveló que ocurren alrededor de mil abortos diarios en nuestro país. Y Según la ENDES (Encuesta demográfica y de salud familiar) 2004-2005 se producirían alrededor de 376 mil abortos clandestinos anualmente y 1.8 millones de nacimientos no deseados.
Dentro de los entrevistados de la ENDES 2004-2005, en el área urbana un 56% de mujeres pobres acude a un profesional de salud y el 44% visita a una persona no calificada o empírica. Esto quiere decir que casi el 50 por ciento de mujeres ponen en riesgo su integridad física y hasta sus vidas al acudir a este tipo de personas para ser atendidas.
La polémica
Sin embargo, hay que tomar en cuenta que no siempre los abortos o la interrupción del embarazo se han dado o se dan por egoísmo o por comodidad de la madre como generalmente señalan los que condenan esta práctica. Existen casos extremos y bastante complejos en los que puede resultar más complicado determinar si la interrupción del embarazo puede ser una opción o no.
Muchos son los argumentos que se han dado a favor y en contra de lo propuesto por la Comisión el pasado 6 de octubre, algunos acertados y consistentes, otros totalmente desinformados y fuera de lugar. Este tema incluso ha dividido al partido del Estado, los apristas se han enfrentado. Rafael Rey advirtió que si el gabinete apoya esta iniciativa, él renunciaría al cargo de ministro de Defensa y se unió a la posición del cardenal Juan Luis Cipriani quien defiende el derecho a la vida sobre todas las cosas y afirmó que sus argumentos “se basan en la ciencia y no es una posición ni cavernaria ni cucufata”.
La iglesia defiende la vida desde su concepción por sobre todas las cosas y afirma que toda vida tiene derecho a ser conservada. Para las feministas una mujer ultrajada sexualmente, por ejemplo, tiene derecho a elegir porque el proceso y la duración del embarazo puede causarle un trauma psicológico. Ante este ejemplo, el cardenal Cipriani se pronunció diciendo que la iglesia podría albergar a estas critauras; a lo que otros respondieron por qué no alberga a tantos otros niños que ya viven en la calle.
Este no es solo un problema social sino también político. Se enfrenta el derecho a la vida del feto contra el derecho a elegir de la mujer. Sin embargo, existen ciertas cosas que deben aclararse. Ha existido equivocación y desinformación sobre el tema. Se ha malinterpretado el caso de niños a quienes les sea imposible la vida fuera del útero de la madre como niños con síndrome de down o aquellos que padezcan de alguna limitación física. En el caso de las mujeres que hayan sido víctimas de violación no significa que se tomará tan a la ligera y que no se realizará un proceso para la verificación del ultraje.
La ley: el caso Karen Llantoy
Para entender y no dar cabida a dudas sobre lo que exactamente propone la comisión revisora del código penal, este es el texto sobre la despenalización del aborto:
“No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal en los casos siguientes: 1) cuando constituye el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave o permanente; 2) cuando es probable que el ser en formación obedezca o desarrolle graves malformaciones o tareas físicas o psíquicas, siempre que exista al respecto el diagnóstico médico especializado, y 3) cuando el embarazo sea consecuencia de violación sexual, siempre que los hechos hubiesen sido denunciados penalmente, así como de la inseminación artificial o transferencia de un óvulo fecundado no consentidas”
El caso número uno ya estaba regulado y aparecía en el código penal, es el llamado aborto terapeútico –cuando peligra la vida de la madre–. Estaba despenalizado desde 1924 y cuando Pilar Mazetti era ministra de Salud existía un protocolo en la Maternidad de Lima, el cual luego fue suspendido. Ahora lo único que se puede encontrar es una guía técnica pendiente de aprobación.
Debido a que este protocolo se suspendió y a la falta de información por parte de los médicos que trabajan para el Estado es que han sucedido casos como el de Karen Llantoy, joven que en el 2005 ganó el juicio que inició en contra del Estado peruano.
Karen Llantoy, que tenía 17 años en el año 2001 fue obligada a continuar un embarazo que no deseaba al haberse enterado pocos meses después de que el bebé que llevaba en su vientre era anencefálico, es decir, que no tenía masa cerebral y que viviría solo algunos días más al salir del útero de su madre.
K.L. intentó interrumpir legalmente su embarazo pero el director del hospital en donde estaba siendo atendida se lo negó rotundamente. La joven gestante no se sometió a un aborto clandestino por temor y tuvo que seguir con el embarazo, amamantar a la bebé por unos días y verla morir.
Fue un daño psicológico enorme el que sufrió Karen, porque tuvo que amamantar a un bebé que sabía moriría pocos días después. Es por esto que denunció al Estado Peruano ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quien falló a su favor indicando que fue forzada a llevar a término el embarazo de un feto anencefálico violando sus derechos humanos.
Este es un caso en el que la madre quería que se interrumpiera su embarazo, es un caso de aborto terapeútico. La madre tenía todo el derecho y era legal que interrumpiera su embarazo porque está en el código penal y fue una negligencia por parte de los médicos negarse a ejecutar el procedimiento.
Para Pilar de la Torre, de la asociación Manuela Ramos, este caso muestra claramente la falta de políticas y de un plan del gobierno, no existe una reglamentación clara y la información adecuada tanto para los médicos y las propias mujeres.
Existe una ley que ya existía y en ese caso no debería retrocederse sino encontrar las vías para que se difunda y se haga práctica de manera adecuada y se respete los derechos de la mujer.
Por otro lado, los últimos casos que la comisión revisora del código penal ha puesto en el tapete son casos que deben ser tomados con delicadeza, estudiarse de forma objetiva. Cada uno de ellos puede tener matices y la ley, si es que llega a darse, debería ser estricta y específica. La Iglesia critica el pragmatismo con que se estudian los casos, algunos políticos coinciden con ello y podrían tener razón. Estos casos son complejos, no se habla de un plazo mínimo o máximo para poder realizarse la interrupción del embarazo por ejemplo, existen cabos sueltos que deberían aclararse para encontrar la alternativa más eficaz. El fin último es reducir el número de abortos clandestinos al año y velar por los derechos humanos.
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