En su discurso presidencial del 28 de julio, el presidente Alan García Pérez retomó una iniciativa que se empezó a dar a mediados de los años 90: los núcleos ejecutores. La legalidad de este programa, al haber sido llevado a la práctica años anteriores –con éxito en algunos casos y problemas en otros- , está asegurada; sin embargo, existen riesgos que aún se puede correr.
El éxito, por un lado, se ha dado bajo ciertas condiciones mínimas, como reglas claras de rendición de cuentas y control, así como supervisión conjunta entre la población y las entidades públicas involucradas. Cuando no se dieron estas circunstancias, el problema de viabilidad, por más legal que sea, será muy latente.
Como todo tema polémico las opiniones están divididas con respecto a esta situación. Para algunos, como Gustavo Guerra-García, economista de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, el principal riesgo es la calidad de personal debido al mecanismo de selección y contratación.
Por otro lado, la fragmentación de la inversión, dice, solo priorizaría cosas pequeñas y no los grandes programa estratégicos. En este sentido coincide el economista y consultor en proyectos de inversión, gestión y políticas públicas Miguel Prialé, para quien los núcleos ejecutores son una herramienta para que la inversión llegue a las minorías. Sin embargo, piensa que el mejor camino es la construcción de carreteras, posibilidad de agua potable, entre otras cosas, lo que ayudaría al desarrollo de los más necesitados.
Pero en todo este contexto de discusión sobre la viabilidad o no de los núcleos ejecutores, surge el principal problema para el Gobierno en su ejecución: la designación de FONCODES como administrador de este dinero, más aún cuando es Carlos Arana, un militante aprista muy cuestionado, quien dirige este sector, en quien se encargaría una fuerte suma de dinero (alrededor de 100 mil nuevos soles).
FONCODES carga la cruz de ser una de las entidades más centralistas en los 90, lo que contradice el deseo de los núcleos ejecutores, que es el de buscar la descentralización del dinero destinado a la ejecución de obras a nivel nacional, sobre todo las que los mismos pobladores creen necesarias para el desarrollo de su comunidad.
Sin embargo, para el abogado e investigador en el tema de descentralización Johny Zas Friz, la situación de FONCODES y de los núcleos ejecutores es muy distinta a la de los años 90, por lo que se tendría que ver en qué contexto se encuentran las capacidades técnicas y de control. Sin esto se correría un gran riesgo de caer en corrupción y oportunismo para coger una parte del dinero destinado a una obra. La calidad en las técnicas y el control, señala Zas Friz, se conocerá muy pronto y con esto se determinará si es idóneo aplicar esta forma de distribución del dinero de todos los peruanos.
Aún no han pasado dos meses desde que el Presidente hizo el anuncio y ya se viene cuestionando mucho la viabilidad de este proyecto. Los antecedentes muestran éxito, pero solo en algunos casos y con una política de control total –lo que debería ser extensivo a todas las acciones del Estado-, pero el tiempo determinará si puede funcionar o no estas nuevas formas de distribución del dinero de todos.
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